Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

SANTA ANA, California – Las fuerzas del orden han detenido a seis residentes del condado de Orange acusados en un indiciamiento que alega que tres acusados conspiraron para traficar más de dos docenas de armas de fuego, incluidas escopetas de calibre 12 y rifles de estilo AR, mientras que otros acusados, incluido un delincuente sexual convicto, poseían armas de fuego y municiones ilegalmente.

La acusación de 11 cargos, sin sellar hoy, acusa a siete acusados de múltiples delitos federales que incluyen conspiración para vender armas de fuego sin licencia y vender armas de fuego sin licencia. Los acusados arrestados están programados para hacer sus primeras comparecencias esta tarde ante el Tribunal de Distrito Federal en Santa Ana.

En el transcurso de la investigación de seis semanas, las fuerzas del orden incautaron un total de 68 armas de fuego, 30 de las cuales eran "armas fantasma" o armas de fuego que no llevaban números de serie, más de 2,000 cartuchos de munición y 1.3 libras de metanfetamina.

Según la acusación, entre el 21 de agosto y el 18 de septiembre, los acusados poseieron ilegalmente y algunos conspiraron para vender ilegalmente armas de fuego como una pistola Glock de calibre .40, un rifle Savage Arms de calibre .243 y una escopeta Mossberg de calibre 12, entre otros armas, algunas de las cuales no llevaban números de serie.

Pedro Javier Villalobos, de 22 años, de Santa Ana, arregló la venta de armas de fuego a los clientes y finalmente recibió una tasa por negociar la venta de armas de fuego, según la acusación. La acusación alega además que Villalobos permitió a los acusados Michael Rivera Delgado, de 38 años, alias "Player", de Anaheim, y Rosember Jiménez Jr., de 29 años, alias "Junior", de Santa Ana, y otros para vender armas de fuego a los clientes sin tener licencia federal.

Por ejemplo, el 3 de septiembre, Villalobos supuestamente accedió a vender armas de fuego a un cliente, que de hecho era un agente encubierto. Al día siguiente, en la casa de Villalobos, Jiménez supuestamente vendió al agente una escopeta Mossberg, un rifle táctico de Spike y un rifle tipo AR sin número de serie, por $4,800. Ese mismo día, Villalobos aceptó $300 del agente por negociar la venta de las tres armas de fuego de Jiménez, alega la acusación.

Además de los cargos ilegales de trata de armas de fuego, la acusación alega que otros acusados, incluido Jiménez, fueron condenados delincuentes en posesión de armas de fuego y municiones. La historia criminal de Jiménez incluye condenas por relaciones sexuales ilegales con un menor y por asalto agravado contra un bombero o un oficial de paz.

Las penas máximas legales para el tráfico de armas de fuego sin licencia y ser un delincuente en posesión de armas de fuego o municiones es de 10 años en prisión federal. Una condena por un cargo de conspiración conlleva una pena máxima legal de cinco años en prisión federal.

Una acusación contiene alegaciones que el demandado ha cometido un delito. Cada acusado se presume inocente hasta que y a menos que se demuestre culpablemás allá de una duda razonable.

Este caso está siendo investigado por la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, y el Departamento de Policía de Costa Mesa.

Este caso está siendo procesado por la Asistente Fiscal Federal Anne C. Gannon de la Sucursal de Santa Ana.

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